Las empresas extractivas están forzadas por ley a informar sobre la situación de las instalaciones.
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) notificó a las empresas mineras para que informen de la situación de las instalaciones mineras emplazadas en zonas afectadas por el sistema frontal, particularmente en las Regiones de Coquimbo, de Valparaíso y Metropolitana de Santiago.
El director nacional del Sernageomin, Rodrigo Álvarez Seguel, afirmó que “las instalaciones mineras pueden estar sometidas a una carga adicional de trabajo, debido a la mayor humectación, a la posibilidad de reblandecimiento de taludes (cortes artificiales de cerros) y remociones en masa de diverso tipo, tales como flujos de barro, caídas de roca o deslizamientos de suelo. Por eso es necesario un mayor control y monitoreo preventivo de las variables de operación y mantención”.
En la nota publicada por Sernageomin se consigna que las empresas mineras están sujetas al Reglamento de Seguridad Minera, que obliga el monitoreo de la estabilidad física y química de las instalaciones, e informar de inmediato la ocurrencia de emergencias y la eventual suspensión de operaciones para velar por las condiciones de seguridad.
La entidad señaló diversas medidas preventivas de operación y control, tales como manejo de la laguna de aguas claras lo más alejada de los muros de los depósitos de relaves; monitoreo del nivel de agua sobrenadante en la cubeta; manejo de la revancha operacional de a lo menos 1 metro o la revancha establecida en el proyecto; la mantención, limpieza y habilitación de los canales de contorno para el desvío de aguas lluvias; y el monitoreo del nivel freático de los muros, entre otros.
En cuanto al peligro de remociones en masa (aluviones, deslizamientos de suelo, derrumbes de roca, inundación por desbordes, etc.), cabe señalar que en días recientes la institución ha publicado mapas de amenaza geológica de múltiples comunas del país, a efectos de facilitar información científico-técnica para prevención (planificación del uso del territorio, planes de protección civil, alertas tempranas, educación); mitigación (obras civiles, normas de diseños constructivos); y atención de emergencias.
