A su vez, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York resolvió el demandante y abogado principal de la causa que enfrenta la minera no metálica.
Los cuestionamientos a SQM por su eventual aporte fraudulento a campañas y partidos políticos al parecer no culmina en Chile.
La minera no metálica registró un nuevo episodio la semana pasada en la controversia judicial que enfrenta en Estados Unidos, luego que en marzo y abril pasados accionistas minoritarios de la empresa recurrieran a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York bajo el amparo de la ley de mercados, acusando a la firma de entregar información falsa al mercado en relación a las operaciones que efectuaba la compañía, especialmente en lo relativó a su falta en informar que dineros estaban siendo destinados a campañas electorales y partido políticos en Chile y que dichos pagos habrían sido justificados por boletas eventualmente falsas.
Las demandas, interpuestas por Megan Villella y Lynn Molinaro, fueron acompañadas por un llamado a los accionistas minoritarios para sumarse a la causa. En esa línea, seis demandantes recurrieron a la invitación: Anton Mandelstam, Richard Gielata, Megan Villella, Sam Villella, y Leroy Robinson; Marty Sholtis; el fondo de pensiones Tyne and Wear y el fondo de pensiones de empleados públicos de Arkansas.
Dada esta coyuntura, y además la solicitud de unificar las demandas interpuestas por Villela y Molinaro, la semana pasada la Corte calificó como similares las iniciativas legales, resolviendo unificarlas. Ambos documentos están dirigidas en contra de SQM; Patricio Contesse, ex gerente general de la firma; Patricio de Solminihac, actual gerente general de la compañía; y Ricardo Ramos, vicepresidente de finanzas de la sociedad.
La Corte sustentó su decisión aludiendo a que las demandas eran prácticamente similares y que, además, existían seis requerimientos de accionistas minoritarios y demandantes de la compañía que aprobaban la consolidación de los recursos.
Dado que todos los demandantes solicitaron ser abogados titulares de la causa en cuestión, la Corte resolvió que el demandante principal será el fondo de pensiones Tyne Wear; mientras que la condición de abogado principal recaerá en el estudio Robbins Geller Rudman & Dowd LLP.
Dentro de las acciones judiciales en contra de la minera no metálica, la que acusa haber sufrido las mayores pérdidas es el de fondo de pensiones inglés Tyne and Wear, el que indica haber realizado operaciones de compras de ADR a un valor supuestamente inflado producto de los estados financieros que se entregaron con información incorrecta, situando en US$4,4 millones las pérdidas sufridas.
Otro de los mayores demandantes corresponde al fondo de pensiones de empleados públicos de Arkansas, el que realizó compras de acciones, de la compañía controlada por Julio Ponce Lerou por cerca de US$2,1 millones entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 y señalan haber sido perjudicados por la falsa información financiera que habría entregado la empresa.
De esta forma las acciones judiciales en contra de SQM comienzan a tomar fuerza en Estados Unidos, mientras se desarrolla la arista que enfrenta la empresa en Chile.
