Abogados de Caimanes abordan avances del diálogo con Los Pelambres

Abogados de Caimanes abordan avances del diálogo con Los Pelambres

En agosto, la minera del grupo Luksic inició los primeros acercamientos al diálogo con la comunidad con la que están en conflicto desde hace 15 años p

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En agosto, la minera del grupo Luksic inició los primeros acercamientos al diálogo con la comunidad con la que están en conflicto desde hace 15 años por el tranque El Mauro. 

“Recuperar el agua y la seguridad es la médula del diálogo”, dice Sandra Dagnino, quien junto a Ramón Ossa y Roberto Arroyo fueron los abogados por ocho años del Comité de Defensa de Caimanes, un pueblo ubicado en la IV Región, que está en conflicto hace 15 años con Minera Los Pelambres, del grupo Luksic. “Todo lo que tiene que ver con beneficios económicos es de orden accesorio”, advierte.

En marzo, el Juzgado de Los Vilos declaró insuficiente el plan de ejecución de obras presentado por la compañía para permitir y asegurar el libre escurrimiento de las aguas del estero Pupío hacia Caimanes, y ordenó la demolición del tranque de relaves El Mauro, en un fallo que fue calificado por muchos como inviable. Luego, en agosto, se iniciaron las mesas de diálogo entre la minera y la comunidad, para intentar buscar soluciones en torno al agua y la seguridad, pero donde también se ofrece un fondo de desarrollo familiar por un total de $6 mil millones a quienes acojan el acuerdo, y una inversión de US$ 10 millones en proyectos para la comunidad.

Ossa, Dagnino y Arroyo realizaron una asamblea con la comunidad, accediendo a conversar con Los Pelambres. Pero un grupo pequeño -entre los que está el líder del Comité, Cristián Flores- se resiste, lo que provocó un quiebre con los abogados. “Sin restarle valor a todo su trabajo (de Flores) y a que si no fuera por él probablemente la comunidad nunca hubiese tenido la defensa que tuvo, creo que perdió el norte y siente que es el demandante. Se olvida de que actuó mandatado por la comunidad”.

Ossa añade que el líder del Comité “lo que pretende es una mayor compensación. Para nosotros sería fantástico, porque también nos llegaría más, pero no podemos estirar el elástico únicamente por una compensación económica y poner en riesgo lo demás”.

Dagnino se empecina en recalcar que “el objeto de ese beneficio no es para indemnizar, sino que el fin es ponerse al día”, dado que Caimanes por estar litigando nunca recibió cuantiosas inversiones por parte de la minera, como sí lo hicieron otros vecinos.

“No vamos a transar”

“Categóricamente, nosotros no vamos a transar un juicio fallado por la Corte Suprema, sino que exigiremos el cumplimiento de ese fallo, y lo que estamos haciendo es exigir el cumplimiento con una fórmula mejor que la propuesta por la minera”, enfatiza Ossa.

Lo fundamental era lograr un diálogo profundo, que no redundara en propuestas de construcción de estadios o nuevas pavimentaciones, sino en obras que dicen relación con lo que provocó los problemas en el pueblo: la calidad y cantidad de agua, y la seguridad del tranque que está a escasos kilómetros de las casas.

“(Con el fallo) la comunidad tenía derecho a una restitución de 8 litros de agua por segundo, y hoy estamos trabajando la posibilidad de que esa cifra sea superior”, comenta Dagnino. Añade que están solicitando laboratorios para que la comunidad pueda asegurar la calidad del agua, la instalación de embalses para acumular agua de riego y para animales, y otras medidas. “Si la minera permite escurrir la cantidad de agua a la que Caimanes tenía derecho, está cumpliendo, pero no llega el agua a Caimanes porque se perdería en la infiltración”, advierte Ossa. También se está conversando la posibilidad de que la minera entregue algunas tierras.

Respecto de la seguridad, Ossa recalca que “ese tranque nunca debió haber sido construido ahí, y pese a que la minera nos diga que el tranque es seguro, nosotros nunca vamos a pensar que ese tranque no es peligroso para la comunidad”. Sin embargo, dice que demoler el tranque implicaría riesgos aún mayores, porque los desechos irían probablemente a otra comunidad y Caimanes quedaría incluso sin agua y sin seguridad. “Hubo que hacer un juicio de realidad y ver qué podíamos lograr como abogados y cuáles eran las alternativas que había para la comunidad”. En este sentido, se está evaluando instalar un monitoreo permanente al muro del tranque y remover una escuela y algunas casas que se encuentran en la zona baja del terreno.

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