Comisión Lagos afina programas piloto para nuevo sistema de diálogo

Las palabras virtuoso, inclusivo y sostenible pasaron a formar parte del vocabulario cotidiano del ex ministro de Economía Álvaro García. Cómo no, si se trata de la columna vertebral de su trabajo diario como presidente ejecutivo de Valor Minero, la instancia público-privada que se creó para poner en marcha una serie de iniciativas en pos de la minería del futuro y su contribución al desarrollo del país. Todo con una mirada hacia la minería del 2035.

El camino se inició con el documento que el año pasado entregó un grupo transversal de actores a la presidenta Michelle Bachelet. Entre ellos destacaban nombres como el del ex presidente Ricardo Lagos o el empresario Jean- Paul Luksic, por ese entonces presidente de Antofagasta Minerals; el gerente general de Colbún, Bernardo Larraín Matte; los ex ministros Juan Andrés Fontaine y Álvaro García, el ingeniero civil y empresario Rolando Carmona; el director ejecutivo de Cieplan, Patricio Meller, y el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, entre varios otros. El documento “Minería y desarrollo sostenible de Chile, hacia una visión compartida: Una minería virtuosa, sostenible e inclusiva” fue el puntapié inicial de un trabajo que ya está comenzando a tomar forma. Más bien, comenzando a entregar ideas para lo que podría materializarse en el país en los siguientes años.

Aunque en las tres áreas definidas ya se tienen avances (ver recuadro), es, sin duda, en el ámbito de lo inclusivo donde ya existe una propuesta sobre un sistema de diálogo y resolución de controversias, aspecto fundamental en el quehacer empresarial actual, teniendo en cuenta la gran cantidad de proyectos que se encuentran paralizados y judicializados, y como respuesta además a la explícita solicitud de Bachelet de partir por esta área.

Aterrizaje de ideas

Álvaro García adelanta que tras cinco meses de trabajo, la comisión encargada de hacer propuestas en esta línea -compuesta por directivos públicos, privados, sindicales, sociales y académicos- ya cuenta con varias definiciones básicas, que surgieron a partir del análisis de las mejores prácticas internacionales, como el caso de Canadá, que maneja una oficina dedicada exclusivamente a acompañar la aprobación de grandes proyectos de inversión, independiente del sector al que pertenezcan.

La idea ahora es someter a prueba la arquitectura del sistema que se han ido imaginando. Para ello pondrán en marcha en las siguientes semanas nueve ejercicios piloto a lo largo del país, donde acompañarán grandes proyectos de inversiones, completamente reales, desde su inicio hasta su aprobación -estimando un tiempo total de entre uno y medio y dos años-, con la finalidad de ir enfrentando todos los detalles que surjan al aplicar los distintos modelos en mente, antes de hacer una propuesta definitiva, la que debería estar lista hacia fines de 2017.

García explica que la evaluación inicial habla de un país que requiere avanzar en lograr acuerdos entre los diferentes actores de un territorio por medio del desarrollo de diálogos, relaciones de confianza y colaboración que permitan un desarrollo sostenible, involucrando de manera integral y equilibrada dimensiones ambientales, sociales y económicas. “Para ello es necesario establecer un sistema de diálogo permanente que se rija por principios y estándares internacionales, adecuados a nuestra realidad”, explica. Con ello se evitaría una parte importante de la excesiva judicialización de proyectos.

Aunque reconoce que Chile ha venido avanzando en materia de diálogo y solución de controversias, sostiene que se observan brechas en la articulación para que efectivamente se genere la confianza y diálogo que faciliten el desarrollo de los proyectos de inversión. En el fondo, el punto clave de un sistema de diálogo y resolución de controversias efectivo requiere de una articulación adecuada y de darle la gobernanza suficiente para que en todas sus etapas funcione adecuadamente.

¿Qué se pretende?

Como primeros pasos, Valor Minero, en conjunto con el Ministerio de Economía, tiene listas las bases para que el proyecto encuentre financiamiento en el Fondo de Inversión Estratégica, instancia creada en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento que impulsa el Ejecutivo. La idea es que el proyecto también contemple aportes privados.

Respecto al proyecto mismo, García explica que se establecieron cinco premisas básicas para su funcionamiento adecuado. Primero, debe existir una oficina de coordinación pública que gatille el proceso y provea la información y coordinación efectiva, en definitiva una instancia que acompañe a los proyectos en toda su etapa de permisos y aprobaciones.

Segundo, y más importante, debe crearse un sistema y modelo de diálogo, validado con actores sociales, gobierno y empresas, que cumpla con condiciones básicas para asegurar la sostenibilidad de los acuerdos. Esta instancia debe ser muy convocante y transparente -se piensa, por ejemplo, en incorporar a los Consejos Comunale de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc) para asegurar una participación ciudadana transversal-, pues a partir de ella es que se definirán aspectos clave, como beneficios compartidos y se coordinarán evaluaciones tan distintas como la aprobación ambiental y la consulta indígena.

Como tercera columna, se plantea la creación de un mecanismo de resolución de controversias, que opere y entregue garantías durante todo el proceso y no sólo al final, en la judicialización. Para ello, se debe definir el rol y relación que debe tener con los Tribunales Ambientales y el Poder Judicial, instancias que también fueron convocadas a participar y opinar de estos procesos previos.

Además, se debe asegurar un fondo de apoyo al diálogo para respaldar el proceso, especialmente pensando en las comunidades, de manera que se asegure la entrega de capacidades y habilidades en materia de sus derechos y deberes, proveyendo de facilitadores, garantes y especialistas en mediación y arbitraje.

No menos importante es el último punto: crear un centro de observación y certificación que induzca una mejora continua de todo el proceso. En el fondo, correspondería a instancias que asegurarán el funcionamiento correcto por medio de reportes, auditoría, evaluación y certificación de buenas prácticas.

Los pendientes

García explica que en el detalle, los cinco puntos descritos anteriormente aún no se han definido por completo. En varios de ellos hay preguntas que resolver, tales como bajo qué instancias públicas se ubicarán, si se aprovechará la institucionalidad ya existente o se crearán otras instancias; de qué manera se financiarán aspectos como el apoyo a las comunidades; o si el sistema será voluntario u obligatorio. Y otras definiciones tan básicas como qué proyectos serán los que abarcará esta institucionalidad, en definitiva, dilucidar qué montos se entienden por grandes proyectos y si corresponden a algunos sectores específicos (como minería, energía o infraestructura).

García dice que la idea es que estas dudas se vayan resolviendo a partir de los programas piloto que se ejecuten, los que serán seleccionados cuidadosamente, de manera que sirvan para ir aclarando dudas en las distintas etapas del proceso de diálogo. Es decir, habrá un piloto para todo el proceso de coordinación y diálogo, otro que testeará la resolución de controversias, otro que vea en específico a las comunidades indígenas, entre otros.

Valor Minero desarrollará el próximo 24 de noviembre el seminario “Inversión y Diálogo para el Desarrollo” en el Centro de Extensión UC, donde se abordarán en detalle estos avances.