La solicitud del informe mediante el cual la Contraloría General de la República apuntó a un débil control de la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco) sobre la minera estatal Codelco -en su función fiscalizadora- y que fuera dado a conocer -el viernes- por Pulso, solicitará la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.
“Lo primero que vamos a definir es solicitar el informe de Contraloría, para después ver a quién corresponde convocar, si al contralor, al fiscal o a Cochilco”, indicó la presidenta de esa instancia, Marcela Hernando (PR).
En ese sentido, el senador Alejandro García Huidobro (UDI), añadió que “Cochilco históricamente no ha cumplido con la función de fiscalizar a Codelco. Puede haber muchos motivos como la falta de personal, de voluntad, o en que algunos casos han habido tránsito de personas desde Cochilco a Codelco”, dijo. “Aquí tiene que venir una renovación completa del trabajo de Cochilco. Si es necesario tendremos que legislar, pero no podemos seguir con un Cochilco históricamente ineficiente. Sé que el ministro Prokurica está estudiando esta situación. Sé que esto es un problema mayor y una de las prioridades del gobierno para hacer ajustes legales”, añadió.
De acuerdo con las conclusiones del informe, Cochilco cometió cuatro faltas en el marco de su rol fiscalizador sobre Codelco: no informar hechos que podrían estar en contravención al principio de probidad administrativa; no realizar un examen para determinar por qué la Corporación no cumplió con las inversiones proyectadas en los proyectos Ministro Hales y Nuevo Nivel Mina El Teniente (cuyos costos se elevaron en 34% y 67%, respectivamente); no controlar los planes de acción comprometidos por Codelco; y no exigir multas a la estatal por la falta de antecedentes entregados a Cochilco en el marco de auditorías.
Dentro de lo anterior, a modo de ejemplo, la Contraloría se refirió a algunos procesos auditados por Cochilco, entre los cuales mencionó el hecho de que a 498 trabajadores de Chuquicamata se les elevó artificialmente el salario para mejorar las indemnizaciones en sus planes de salida. Si bien se conocía de falencias en ese proceso, se desconocía, hasta ayer, que el impacto de esa acción perjudicó en unos $1.663,1 millones a la estatal.
Reacciones
Desde Codelco, señalaron que por su carácter de reservado, la compañía no ha tenido participación en el informe desarrollado por Contraloría y subrayaron que sus conclusiones se refieren a la forma en que Cochilco desempeña sus funciones.
En cuanto a las acciones concretas realizadas luego de conocerse las irregularidades en los planes de egreso señalados, comentaron que la firma desvinculó a tres personas, aceptó la renuncia de otras cuatro y aplicó otras sanciones, reforzando además, los mecanismos de control y de toma de decisión en estas materias. “Este proceso de investigación estuvo en conocimiento y fue revisado por Cochilco”, dijeron. Además, indicaron que Codelco no ha puesto en entredicho la función fiscalizadora que respecto de ella recae sobre Contraloría.
De igual modo, detallaron que se prohibieron los egresos con condiciones de trabajo y remuneraciones mejores a las autorizadas en los convenios colectivos vigentes desde 2012.
“La administración de Nelson Pizarro detectó, detuvo y sancionó la incorrecta aplicación de los planes de egreso en Chuquicamata, como lo ha estado informando la empresa los últimos dos años en diversas instancias”, puntualizaron en la estatal.
“Resulta preocupante que declaraciones que son consignadas en la carpeta reservada de un fiscal de una investigación en curso, sean difundidas por la prensa”, concluyeron.
Fuente: Minería Chilena
