Según el registro de audiencias públicas del Ministerio de Economía, el pasado 8 de agosto, el socio fundador y presidente del private equity asiático, Sonny Wu, se reunió con el titular de la cartera, José Ramón Valente, ocasión en la que se planteó “el interés de GSR de considerar una eventual inversión en la compañía chilena Sociedad Química y Minera de Chile”.
Junto a esto, los representantes del fondo plantearon al ministro “alternativas de proyectos en el ámbito de la electro movilidad en Chile”.
Si bien GSR Capital es una firma china de capital privado con el respaldo del gobierno provincial de Hubei, la firma asiática está evaluando hace varios meses entrar al negocio de las baterías de litio. Incluso, llegó a un acuerdo para adquirir el control de una unidad de batería recargable de Nissan Motor Co. por alrededor de US$ 1.000 millones.
Según ha trascendido, GSR Capital buscaría conformar un proveedor independiente de baterías para varios fabricantes y está considerando la posibilidad de trasladar algunas de las manufacturas a Hubei.
No obstante, la gigante japonesa canceló la venta tras alegar que el fondo de inversión chino no disponía de los fondos suficientes para completar la transacción.
Según personas al tanto, GSR tendría capital suficiente para tomar al menos el 20% de SQM. Incluso, la firma ya ha manifestado que por ese paquete podría pagar unos US$ 1.900 millones.
En paralelo, Tianqi busca destrabar su ingreso a la firma liderada por Ponce ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Para paliar una serie de efectos previstos en materia de libre competencia en el litio y sus derivados, la firma china llegó a un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el que está siendo sometido a la venia del TDLC.
Por lo pronto, los abogados de SQM presentaron sus reparos al acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tianqi.
Además, las sociedades cascadas con las que Julio Ponce es el máximo accionista individual de SQM rechazaron enérgicamente el acuerdo, apuntando a una supuesta precariedad en las medidas de mitigación que se están proponiendo para concretar el ingreso de la china a la minera chilena.
Fuente: Nueva Minería
