Nuevos antecedentes se dieron a conocer en un informe complementario de Cochilco, respecto al polémico contrato de Codelco con Tepsac (consorcio Trepsa- Cerro Alto S.A.), en división Salvador, que data de 2018 y que contemplaba el movimiento de tierras en esa faena que en su momento fue sobreestimado en volumen. En la auditoría reservada de más de 70 páginas, a la que tuvo acceso ‘El Mercurio’, se explica que se sumaron informaciones de parte de Contraloría General de la República y de la propia Codelco.
Estos antecedentes llevaron a Cochilco a concluir que existieron situaciones asociadas a la entrega de información al directorio, que incluso podrían implicar faltas de transparencia y de probidad en las decisiones tomadas por funcionarios de la Corporación. Se trata de 16 observaciones en las que se identifican acciones tales como el incumplimiento de los métodos de evaluación vigente, falta de independencia de los evaluadores, participación de empresas que no cumplían con los requisitos establecidos, así como asignaciones directas de los servicios reubicados (tras la redistribución del contrato) sin cumplir con las obligaciones de información establecidas en la normativa.
Por ejemplo, en el documento se acusa que los problemas de estimación que existieron respecto al movimiento de tierras eran de conocimiento de altos ejecutivos de la minera —tanto a nivel divisional como central—, sin embargo, estos no lo comunicaron al Comité de Auditoría (CACE), ni al directorio, repercutiendo en el cumplimiento del contrato y en gastos asociados. Entre las conclusiones del informe de Cochilco, se apunta a que ‘resulta necesario que la Corporación evalúe la responsabilidad de aquellos trabajadores que hayan incumplido sus obligaciones funcionarias y tome las medidas que estime pertinentes’.
Reasignaciones
Otro de los aspectos que se destacan en el documento tiene que ver con las negociaciones que ha tenido que desarrollar la estatal con Tepsac, buscando disminuir las compensaciones asociadas al fin del contrato.
Entre las acciones, se reasignó equipamiento a otras divisiones, no obstante, a la fecha de la auditoría, los nuevos contratos estaban pendientes de formalización, lo que se traduce en un incumplimiento de la normativa de la empresa, exponiéndola, a juicio de Cochilco, a pagos erróneos o en exceso. Incluso, se agrega que aún no se corrige la cantidad de equipos requeridos, generando subutilización y sobrepagos. Pero, además, se señala que al estar las tareas de control operativo del contrato en manos de terceros, se expone a la estatal a riesgos de colusión y de cohecho.
Junto con esto, se da a conocer la existencias de pagos por adelantado de parte de la minera a Tepsac por las tareas reasignadas en los trabajos tempranos del proyecto Rajo Inca, lo que no está permitido, a excepción de que existan razones justificadas, lo que según el fiscalizador no procede. Esto, porque en la precalificación, la empresa no presentó problemas financieros, por lo que el adelanto es considerado como un financiamiento de parte de la Corporación. Por último, se individualiza a dos funcionarios de la estatal que estuvieron a cargo tanto de las comisiones técnicas y económicas del contrato, siendo que ya contaban con antecedentes irregulares, y que estaban siendo cuestionados por su accionar en servicios similares, generando conflictos de interés.
Fuente: El Mercurio
