Por un difícil momento está pasando la minería regional de Coquimbo, en especial, la pequeña minería.
Pero no porque la actividad no presente oportunidades de trabajo o porque el precio de los minerales esté por los suelos. Todo lo contrario. Y justamente, ese aspecto es quizás, el que hoy esté generando preocupación, sobre todo entre las autoridades del ramo.
Y es que el alto valor del precio del cobre y del oro, sumado a la falta de empleo generada por la pandemia del coronavirus, ha impulsado a mucha gente que no cuenta con la capacitación laboral exigida, a incursionar de forma ilegal en faenas mineras que no están autorizadas por su funcionamiento.
Y lamentablemente, las consecuencias están a la vista. En lo que va corrido 2020, se registran ya 7 fallecidos a causa de un accidente minero, el último, el 18 de septiembre recién pasado.
En ese sentido, el director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Alfonso Domeyko, quien visitó la región para abordar en terreno dicha problemática, señaló que actualmente, se está desarrollando un trabajo conjunto con la seremi local de Minería, el cual está enfocado básicamente en dos líneas: intensificar los procesos de regularización de las faenas que hoy se hayan operando de forma ilegal, apoyándose para ello con fondos del Gobierno Regional, y fortalecer el control y fiscalización de estas faenas irregulares.
Sin embargo aclaró, “la idea es no criminalizar la actividad. Entendemos que hay una cesantía importante, pero a la vez, es una actividad de mucho riesgo. Por lo tanto, el que quiera desarrollar la actividad minera en Chile tiene que ir al Sernageomin y pedir los permisos que correspondan”.
Limitancias
Si bien uno de los aspectos positivos que se puede rescatar de esta temática es que en Chile, los accidentes mineros han caído en un 75% en los últimos años, desde el accidente de la Mina San José, lo cierto es que la fiscalización por parte de los entes encargados de ello –como Sernageomin – no es un proceso sencillo.
“Hoy día estamos haciendo un número superior a las 10 mil fiscalizaciones al año, además de un proceso de regularización y de autorización de ingeniera de minas muy importante”, comenta el director, quien reiteró eso sí que, ante la minería irregular, resulta más complicado abordarla, pues “tampoco tenemos todas las competencias ni todos los recursos como Sernageomin para poder hacerlo”.
“Nosotros tenemos la facultad de cerrar, pero cuando son faenas ilegales, uno se acerca al lugar y no tiene el nombre de las personas que están trabajando, no es una empresa constituida, es gente que trabaja unos días, pero otros días no trabaja, están en lugares de difícil acceso y no están regularizados bajo ninguna circunstancia”, explica la autoridad.
“Nosotros sabemos”, agrega, “cuándo la gente está trabajando porque tienen un permiso, un inicio de operaciones y desde ese momento ingresan a nuestros registros. Pero hay muchos otros que no sabemos cómo están, porque no son trabajadores regulares”, añade.
Y si bien, ya se estaba al tanto de un aumento de faenas ilegales en la región, producto del aumento de la cesantía, el problema de la fiscalización persiste. Por ello explica Domeyko, se está trabajando con el apoyo de la Dirección del Trabajo para avanzar más prontamente en la clausura de esas minas ilegales. Pese a ello reitera, “no se trata de prohibir sino también de regularizar. Hacia allá tenemos que avanzar”.
Futuro catastro
Entretanto, durante la tarde de este martes, el director Alfonso Domeyko, se reunió con algunos gremios de la Región de Coquimbo, encuentro en donde se acordaron algunos anuncios y compromisos que van justamente, en la línea de avanzar en un tema tan sensible como es la seguridad en las faenas mineras.
Entre las medidas anunciadas se incluye capacitar laboralmente a quienes realicen la actividad minera a través del Centro de Capacitación de Sernageomin durante los meses de octubre, noviembre y diciembre; difundir vía online una serie de capsulas informativas; apoyar con recursos adicionales a los comprometidos para este año en el “Programa de Fortalecimiento Productivo y Seguridad Minera” financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR; e implementar una mesa de trabajo para la canalización de estos recursos, la que estará integrada por autoridades locales y representantes de la minería.
Además, otro importante compromiso que se acordó fue la realización de un catastro regional para determinar aquellos sectores más riesgosos y en donde se desarrolla la minería de manera irregular.
Fuente: Diario El Día
